jueves, 12 de abril de 2018

DICTAMENES DEL BCE SOBRE LA REFORMA DEL MARCO REGULATORIO PRUDENCIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS


En noviembre de 2016, la Comisión Europea propuso una amplia reforma de la legislación de la UE sobre exigencias de capital (CRR y CRD IV) y de gestión de crisis de entidades financieras (BRRD y Reglamento del MUR).

El Consejo de la Unión Europea comenzó a revisar la propuesta de la Comisión en el primer trimestre de 2017. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo publicó los proyectos de informe pertinentes en noviembre de 2017, y se espera que la adopción definitiva de las modificaciones tenga lugar entre finales de 2018 y el primer trimestre de 2019.

En su esquema general las principales novedades regulatorias incorporadas a esa propuesta son:

Implementación de las nuevas normas de los acuerdos de Basilea III
  • Ratio de financiación estable neta (NSFR)
  • Ratio de apalancamiento (LR)
  • Revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB)
  • Método estándar para el riesgo de contraparte (SA-CCR)
  • Riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión (IRRBB)


Ampliación del marco normativo de resolución bancaria
  • Armonización del orden de prelación de créditos
  • Inclusión de un nuevo instrumento de moratoria
  • Implementación de la norma sobre capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) del FSB
  • Otros ajustes al requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL)


Reforma del marco normativo de la supervisión bancaria
  • Modificaciones del marco del Pilar 2
  • Introducción de la exigencia de establecer una sociedad matriz intermedia (IPU) en la UE
  • Introducción de exenciones a la aplicación de los requerimientos de capital a nivel transfronterizo.
  • Reducción de la frecuencia de presentación de información para los bancos más pequeños.



A petición de los colegisladores, el Banco Central Europeo emitió tres dictámenes con su visión, opiniones y sugerencias de mejoras a la propuesta de regulación de la Comisión. Estos dictámenes se publicaron en Marzo y Noviembre de 2017. (CON/2017/6), (CON/2017/47), (CON/2017/46).

Las principales posiciones del BCE sobre el paquete de reformas que se han recogido en estos informes son:

En cuanto al marco de supervisión, el BCE respaldó en líneas generales la propuesta de permitir que, en determinadas condiciones, los supervisores eximan del cumplimiento de los requerimientos de capital a nivel individual a las filiales ubicadas en un Estado miembro distinto del de sus entidades matrices, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad financiera a medida que la unión bancaria sigue avanzando hacia su culminación. Además, el BCE se mostró a favor del establecimiento de un régimen transitorio adecuado y apoya la propuesta de exigir a los grupos bancarios de terceros países con dos o más entidades en la UE la creación de una entidad matriz intermedia en la Unión Europea, lo que contribuiría a una supervisión más eficaz y coherente. No obstante, para evitar el arbitraje, el BCE recomendó que la exigencia también incluya a las sucursales significativas.


Las revisiones del Pilar 2 constituyeron un motivo de preocupación específico para el BCE debido a que, aunque la propuesta de la Comisión trataba de aumentar la armonización en la UE de la práctica supervisora, restringía la actuación supervisora en áreas fundamentales. El BCE subrayó que los supervisores deberían tener suficiente flexibilidad respecto de cada entidad para medir sus riesgos, determinar el importe de los fondos propios adicionales que deben mantener, y aprobar o rechazar cambios en su composición.

Asimismo, los supervisores deberían poder actuar con flexibilidad para exigir datos detallados ad-hoc cuando sea necesario para evaluar correctamente el perfil de riesgo de una entidad. Estas opiniones fueron compartidas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en su proyecto de informe sobre las modificaciones de la DRC IV.

Asimismo, el BCE instó a incrementar la armonización del marco prudencial de la UE, mediante la introducción de determinadas facultades supervisoras en el Derecho de la UE (por ejemplo, en relación con los procedimientos de autorización, especialmente las evaluaciones de idoneidad de miembros de los cuerpos de dirección de las entidades), y la supresión de las opciones y facultades no justificadas. La armonización limitaría la aplicación de disposiciones nacionales diferentes que impiden una supervisión eficaz.

Por último, el BCE solicitó que se revise la supervisión de las grandes empresas de servicios de inversión transfronterizas que desarrollen actividades bancarias, recomendando que estas empresas sean tratadas como entidades de crédito. La Comisión presentó una propuesta al respecto en diciembre de 2017.



Por lo que respecta a la implementación de normas de Basilea como la ratio de apalancamiento (LR), la ratio de financiación estable neta (NSFR) y la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB), el BCE puso de relieve que es necesario que se transpongan correctamente al Derecho de la UE para asegurar la comparabilidad entre entidades y la igualdad de condiciones, y recomendó asimismo la inclusión de cláusulas de revisión para todas las normas que el Comité de Basilea ha venido debatiendo y actualizando hasta completar los acuerdos BIS III en Diciembre 2017.



En relación con el marco de gestión de crisis, el BCE apoyó la propuesta de introducir una categoría armonizada para todos los países de la UE de deuda senior no preferente para facilitar el cumplimiento de los requerimientos inminentes de TLAC y MREL, aunque defendió la necesidad de acometer reformas adicionales para armonizar en mayor medida el orden de prelación de créditos en los procedimientos de insolvencia de entidades de crédito, en particular la introducción de la prioridad de cobro general de los depositantes. 

El BCE acogió positivamente la aplicación de la norma TLAC a través del MREL. Sin embargo, en relación con la calibración del MREL, el BCE recomendó que se permita a la autoridad de resolución introducir un margen de seguridad incrementando el componente de recapitalización del MREL. De este modo se garantizaría que las entidades resultantes de la resolución dispongan de recursos suficientes para cubrir pérdidas y costes inesperados adicionales en el período posterior a la resolución. Además, se debería suprimir la guía de MREL (MREL guidance) propuesta, ya que complicaría el marco sin aportar ventajas claras. 

El BCE respaldó la propuesta de aplazar la aplicación de las restricciones al importe máximo distribuible (IMD) cuando las entidades incumplan el requerimiento combinado de colchones de capital como consecuencia de su incapacidad para sustituir pasivos que ya no cumplan los criterios de admisibilidad o de vencimiento del MREL. No obstante, el BCE recomendó que el aplazamiento sea de doce meses en lugar de los seis que propone la Comisión. 

Asimismo, el BCE recomendó que sus facultades de actuación temprana se incorporen directamente al Reglamento del MUR para facilitar la coherencia en su aplicación. Por último, el BCE recomendó suprimir de la DRRB las medidas de actuación temprana ya existentes en la DRC IV y en el Reglamento del MUS.

Referencia: Informe anual 2017 de MUS.